IPC 2026: el ancla y el desafío del mercadeo colombiano
El cierre de la inflación en 5,10% y el histórico incremento salarial del 23,7% configuran un escenario de consumo dual que redefine las estrategias de precios, márgenes y segmentación para las marcas en el país.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2025, situado en 5,10%, establece el marco legal para el ajuste de los gastos fijos de los hogares en 2026. Al ser el tope para el incremento de los arriendos, que representan hasta el 40% del gasto en familias de ingresos bajos, este dato actúa como un ancla que, en teoría, libera presupuesto. Para el mercadeo, esto implica que una parte significativa del ingreso del consumidor está "protegida" de las alzas excesivas, permitiendo una mayor disponibilidad de dinero para otros rubros.
Este ajuste impacta directamente a 7,4 millones de hogares colombianos que viven en arriendo. Según datos de Fincaraiz, la demanda está concentrada en más del 70% en vivienda usada, especialmente en apartamentos de estratos 3 y 4 con una o dos habitaciones. Con el nuevo IPC, un hogar que paga un canon de $1.800.000 verá un ajuste de $91.800, pasando a pagar $1.891.800, lo que establece un nuevo piso de gasto para aproximadamente 21,5 millones de personas.
El contraste entre el IPC del 5,10% y el aumento del salario mínimo del 23,7% genera una brecha de liquidez que los expertos analizan bajo diversas aristas. Si bien este incremento busca recuperar el poder de compra y ofrece a los profesionales del mercadeo la oportunidad de capturar un excedente de flujo de caja inicial, este beneficio podría ser temporal. Las marcas deben entender que, aunque el consumidor de 2026 tiene una mayor cantidad de pesos en el bolsillo, su capacidad de gasto real enfrentará presiones inflacionarias internas.
El análisis del DANE muestra que la inflación de servicios cerró más alta, en un 5,93%, un rubro que es crítico para sectores como restaurantes y hoteles donde el costo de la mano de obra es intensivo. Con un salario mínimo creciendo al 23,7%, las empresas enfrentarán una presión de costos que podría trasladarse a los precios finales para no sacrificar márgenes. Esto obligará a las marcas a justificar sus precios mediante un valor agregado superior, pues el consumidor comparará estos aumentos con el IPC general del 5,10%.
El Índice de Precios al Productor (IPP), que cayó un 2,63%, ofrece una ventaja competitiva para mitigar este efecto en los bienes físicos. Al ser más barato producir, especialmente en el campo y la industria extractiva, las empresas cuentan con un margen de maniobra para absorber parte de los nuevos costos laborales sin disparar los precios al consumidor. Esto permite mantener cierta estabilidad en el punto de venta, utilizando el ahorro en insumos para fortalecer la inversión en publicidad.
La segmentación geográfica revela otra arista del riesgo: Bucaramanga, por ejemplo, registró la mayor inflación del país con 5,78%. Lo anterior muestra que el mercadeo nacional no puede ser uniforme; ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla lideran la demanda, pero en zonas con inflación más alta el impacto positivo del aumento salarial se diluye con mayor rapidez. El interés habitacional hacia ciudades intermedias como Pereira o Villavicencio refleja justamente una búsqueda de los hogares por optimizar su salario en zonas de menores costos.
Un punto de atención crítico es el de los pensionados, cuyas mesadas se ajustan con el IPC del 5,10% y no con el salario mínimo. Este segmento no percibirá la bonanza del incremento del 23,7%, pero sí enfrentará el encarecimiento de servicios e impuestos. Para ellos, el margen de gasto no es superior, sino que se mantiene estancado, lo que obliga a las empresas de salud y servicios básicos a mantener estrategias de precios diferenciadas para este nicho de mercado.
La inflación de los servicios de alojamiento y comida cerró 2025 al alza, sugiriendo que el mercadeo de experiencias deberá ser extremadamente preciso. Si los precios finales suben por el costo de nómina, la promesa de valor debe ser lo suficientemente fuerte para que el cliente decida que el gasto sigue valiendo la pena. Factores como la ubicación estratégica y la seguridad serán determinantes en la decisión de compra de un consumidor que ahora es más consciente del valor de su dinero.
En las copropiedades los costos de aseo y seguridad son intensivos en mano de obra. Esto implica que el costo de vivir en comunidad será más caro en 2026, compitiendo directamente con el presupuesto que los consumidores podrían destinar a bienes discrecionales. Así, el excedente del salario mínimo podría verse "absorbido" por estos servicios antes de llegar al comercio minorista o al entretenimiento.
El panorama hacia el cierre de 2026 es desafiante debido a la posible reacción del Banco de la República ante el aumento de la liquidez. Con tasas que podrían subir al 12%, cualquier margen de gasto real superior podría desaparecer ante el costo de la deuda y los créditos. El mercadeo de bienes de alto costo deberá enfocarse en soluciones financieras propias, pues el alto costo del crédito será el gran filtro que determine si el aumento salarial se traduce en consumo real o simplemente en el pago de intereses.
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