La educación superior cierra 2026 con nuevas reglas
Una matrícula récord, una nueva fórmula de financiación para las universidades públicas y el giro del Gobierno De la Espriella frente al Icetex redefinen el panorama de las instituciones de educación superior del país.
Colombia cerró 2025 con 2.723.364 personas matriculadas en educación superior, la cifra más alta desde que existen registros oficiales, según datos del Ministerio de Educación. La tasa de cobertura de ese año llegó a 61,75 %, 6,83 puntos porcentuales por encima del 54,92 % que el país tenía en 2022, y superó por primera vez la barrera del 60 %.
La cobertura bruta mide la matrícula de pregrado frente a la población en edad teórica de cursarlo, y su resultado depende de las proyecciones de población que se usen. El Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana recalculó el indicador con las proyecciones del DANE actualizadas a julio de 2025 y obtuvo una cobertura de 56,55 % para 2025, frente a 51,58 % en 2022, un avance de 4,97 puntos.
Del total de matriculados, 2.496.654 cursan pregrado (91,7 %) y 226.710 estudian posgrado (8,3 %), de acuerdo con las cifras del ministerio que recopiló el Observatorio de la Universidad Colombiana.
El mismo observatorio advierte que el detalle de la matrícula 2025 aún no estaba publicado en el SNIES y que los datos de 2026 se conocerán en 2027.
El crecimiento llegó por el sector público y la virtualidad
La participación del sector oficial, que incluye al SENA, pasó de 54,89 % de la matrícula en 2024 a 56,74 % en 2025, con 1.545.484 estudiantes, según los datos del ministerio que publicó el Observatorio de la Universidad Colombiana
Las instituciones privadas sumaron 1.177.880 matriculados, el 43,26 % del total. El reparto cambia según el nivel de formación:
- Pregrado: 59,9 % en instituciones públicas (1.496.441 estudiantes) y 40,1 % en privadas (1.000.213).
- Posgrado: 78,4 % en instituciones privadas (177.667 estudiantes) y 21,6 % en públicas (49.043).
El informe del LEE encontró que el aumento de la matrícula de pregrado, tanto en primer curso como en el total, provino casi por completo del sector público, el SENA y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), mientras la matrícula privada de pregrado se mantuvo prácticamente estable. En posgrado ocurre lo contrario: el crecimiento se concentra en las instituciones privadas y la distancia con las públicas se amplía cada año.
El Gobierno de Gustavo Petro se había fijado en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 la meta de 500.000 nuevos cupos en educación superior pública. Al 2 de junio de 2026, el ministerio reportaba 425.096 estudiantes nuevos de primer curso en instituciones públicas, el SENA y entidades de régimen especial, el 85,02 % de esa meta, según el Observatorio de la Universidad Colombiana La modalidad virtual y a distancia explica buena parte de la expansión. Según el LEE
la matrícula de primer curso en estos programas subió de 274.215 estudiantes en 2021 a 399.648 en 2025, un crecimiento de 45,7 %, mientras la presencial e híbrida creció 11 % en el mismo periodo. Con ese ritmo, la virtualidad pasó de representar el 35,5 % al 41,9 % de quienes ingresan al sistema.
Las cifras por institución muestran el mismo patrón. De acuerdo con el SNIES la UNAD registró 179.955 matriculados en el segundo semestre de 2024, la mayor cifra del país, seguida por la Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto), con 92.056. En el sector privado, la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN) pasó de 31.642 estudiantes en 2021 a 56.101 en 2024, según cifras del ministerio.
La acreditación avanzó a un ritmo distinto. El LEE encontró que entre 2021 y 2025 la matrícula de primer curso en instituciones acreditadas creció 69,7 % y en las no acreditadas cayó 4,5 %. Al mirar los programas, la tendencia se invierte: los nuevos estudiantes de pregrado aumentaron 26,2 % en programas sin acreditación y 13,5 % en los acreditados, y la proporción de estudiantes en programas acreditados bajó de 22,7 % a 20,9 %.
La planta docente tampoco siguió el paso de la matrícula. Mientras los estudiantes aumentaron cerca de 20 %, el número de profesores creció 11,9 %, con un alza de 19,7 % en el sector público y de 4,4 % en el privado entre 2021 y 2025 lo cual muestra que en 2025, por primera vez, las instituciones públicas tuvieron más docentes que las privadas.
El comportamiento regional también fue desigual. Entre 2021 y 2025, el LEE registró estas variaciones en la matrícula de primer curso:
- Bogotá: la formación técnica profesional creció 56,1 % y la tecnológica 52,2 %, frente a promedios nacionales de 37 % y 15,3 %.
- Antioquia: fue el único de los cinco departamentos analizados con caídas en técnica profesional (-10,7 %) y tecnológica (-9,4 %); su crecimiento se concentró en programas universitarios (+25,9 %).
- Valle del Cauca: la formación tecnológica cayó 25,3 % y la técnica profesional subió 38,7 %.
- Santander: la tecnológica creció 5,7 %, la técnica profesional 32,4 % y la universitaria 30 %.
Una nueva fórmula para financiar las públicas
El cambio estructural del año llegó con la Ley 2568 del 19 de febrero de 2026 que modificó los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, la norma que regula la educación superior en Colombia. Desde 1992, los aportes de la Nación a las universidades públicas crecían cada año según el Índice de Precios al Consumidor (IPC); la nueva ley los ata al Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), que calcula el DANE y recoge los gastos propios del sector, según explicó el Ministerio de Educación.
La ley también establece que ciertos recursos adicionales del Presupuesto General de la Nación pasan a formar parte de la base presupuestal de las instituciones, lo que les da continuidad de un año a otro. El Congreso la aprobó el 15 de diciembre de 2025, y el ex presidente Petro la sancionó en febrero y la promulgó el 3 de marzo en Popayán.; la desfinanciación de las universidades públicas había llegado a 18 billones de pesos en 2025 por el desfase entre el crecimiento del presupuesto y el de los costos.
Las transferencias del Estado a las universidades e instituciones públicas crecieron 55,8 % en términos reales entre 2022 y 2026, al pasar de 8,8 a 13,7 billones de pesos, según el Ministerio de Educación. Forbes Colombia, con otra medición, reportó que el presupuesto de la educación superior pública pasó de 5,5 billones a cerca de 12 billones en 2025, principalmente por recursos que dejaron de girarse al Icetex.
La política de gratuidad en la matrícula concentró una porción importante de esos recursos. El ministerio reporta una inversión de 6,8 billones de pesos entre 2023 y 2025, con un número de beneficiarios que subió de 690.000 a 930.000, el 97 % de los estudiantes de pregrado en instituciones públicas. Un análisis de El Tiempo calcula que entre 2023 y 2026 el costo total superó los 10 billones de pesos y que la UNAD, la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia encabezan la lista de matrículas financiadas en ese periodo, con 1.272.096, 345.525 y 265.093, respectivamente.
En junio de 2026, el Gobierno saliente extendió el beneficio a los derechos de inscripción y de grado en las instituciones públicas. El ministerio cubrirá hasta tres procesos de inscripción por aspirante en programas de pregrado; la gratuidad en los derechos de grado comenzó en el segundo semestre de 2026 y la de inscripción arrancará en el primer semestre de 2027.
El Icetex vuelve al centro del debate
El crédito educativo siguió el camino opuesto ya que otorgó 8.053 créditos nuevos de pregrado en 2025, frente a 47.137 en 2024, una caída cercana al 83 % que llevó la cifra a su nivel más bajo en una década; en 2018 la entidad había entregado 29.960. Las renovaciones se mantuvieron estables, con 241.494 en 2025 frente a 242.153 un año antes.
El presidente Abelardo de la Espriella, que asumió el 7 de agosto, incluyó el fortalecimiento del Icetex entre sus compromisos. El 22 de octubre, el Ministerio de Educación anunció
un subsidio temporal a la tasa de interés para cerca de 235.000 beneficiarios, 64.904 en etapa de estudios y 170.000 en etapa de amortización, con una inversión superior a 100.000 millones de pesos. Mientras duren los recursos, los usuarios pagarán una tasa de IPC más cero puntos; después volverán a la tasa pactada, que oscila entre IPC más 7 % e IPC más 12 % según la línea de crédito. El ministerio aclaró que la medida no constituye una condonación de deudas.
El Gobierno también anunció una revisión gerencial e institucional del Icetex entre 2022 y 2026 el número de contratistas de la entidad habría aumentado 80 % y el gasto en esos contratos superó los 70.000 millones de pesos en el último año. En paralelo, el 2 de octubre el Ejecutivo reactivó la alianza con Colfuturo, terminada durante la administración anterior, con 25 millones de dólares para las cohortes 2026 y 2027 del programa Crédito Beca y la meta de seleccionar cerca de 3.000 colombianos para maestrías y doctorados en el exterior en 2027, el triple que en 2026. Adicionalmente, empresas y fundaciones también financian estudios. El registro SIIPE, contabiliza entre 2021 y 2025 unos 160.389 millones de pesos movilizados en 84 iniciativas de 63 organizaciones, con 69.664 beneficiarios; 71 de esas iniciativas, por 120.131 millones, se dirigen a la educación superior, y Comfama lidera la lista con 78.075 millones. Como el registro es voluntario y 45 iniciativas no reportaron montos, el total es una estimación.
Presión sobre las instituciones privadas
Las instituciones privadas enfrentaron el año con varios frentes abiertos. En febrero, el Decreto 0173 creó un impuesto temporal de 0,5 % al patrimonio de las grandes empresas, aquellas con patrimonio líquido superior a 200.000 UVT, para atender la emergencia invernal, y no excluyó de forma explícita a las IES privadas. La Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) advirtió entonces que más de 1,2 millones de estudiantes cursan sus programas en el sector privado y que esas instituciones operan con márgenes estrechos.
La demografía suma presión. El DANE registró 433.678 nacimientos en 2025, 4,5 % menos que en 2024 y el nivel más bajo en diez años, después de una caída de 12 % en 2024 cuando nacieron 453.901 bebés. Entre enero y julio de 2026 los nacimientos subieron 1,5 %, hasta 253.175, aunque la fecundidad sigue en mínimos históricos. En noviembre, Fenalco Antioquia alertó sobre la sostenibilidad de colegios y universidades frente a este cambio.
Para el segundo semestre de 2026, varias universidades privadas lanzaron becas, alivios financieros y descuentos de hasta 100 %, algunos en programas virtuales, con el objetivo de mejorar sus cifras de matrícula.
Un relevo con agenda abierta
El cambio de gobierno trajo también relevo en el ministerio. Viviane Morales, primera ministra de Educación de De la Espriella, renunció el 2 de septiembre y La abogada Ilva Myriam Hoyos Castañeda, exdecana de Derecho de la Universidad de La Sabana asumió la cartera ese mismo mes.
En sus primeros meses, el nuevo Gobierno revisó varias decisiones de la administración anterior. Cambió a sus representantes en los consejos superiores de 34 instituciones públicas de educación superior, según Portafolio; uno de esos nombramientos, el del sacerdote Rodolfo Londoño De La Espriella en cinco universidades, fue reversado con el Decreto 1371 del 9 de septiembre. En el sector educativo también derogó el decreto que reglamentaba la reforma al Fomag, el fondo de prestaciones de los docentes.
En octubre, la ministra Hoyos presentó ante la Comisión Sexta de la Cámara un balance del sector en el que advirtió un déficit de 245.797 millones de pesos para la gratuidad universitaria de 2026, de los cuales el ministerio había gestionado cerca de 185.000 millones. . En la misma sesión señaló vigencias futuras del sector por 13,1 billones de pesos que, según dijo, no contarían con respaldo fiscal.
La reglamentación de la Ley 2568 quedó lista antes del cambio de gobierno. El 31 de julio, el Ministerio de Educación expidió el Decreto 0931 que sustituye el IPC por el ICES cuando este sea superior y eleva del 30 % a un mínimo del 70 % del crecimiento real del PIB la asignación de recursos para las universidades públicas. Ese mismo mes, el gobierno saliente había discutido con el gobierno entrante sobre esa reglamentación. El presupuesto de 2027, el primero de la nueva administración, debe incorporar el esquema como base. El Congreso aprobó el 20 de octubre un Presupuesto General de la Nación de 634,9 billones de pesos y reconoció una brecha cercana a 700.000 millones de pesos para el funcionamiento de las universidades públicas.
La otra discusión abierta es la Reforma Integral a la Ley 30 que el entonces ministro Daniel Rojas radicó en julio con la bancada del Pacto Histórico. El proyecto plantea la educación superior como derecho fundamental y bien común, y propone crear los Consejos Territoriales de Educación Superior (CTES) y el Consejo de Instituciones de Educación Superior Estatales (CIESE). Su trámite depende ahora de un Congreso que trabaja con un gobierno de orientación distinta a la del que lo presentó.
El sistema llega al final de 2026 con más estudiantes que nunca y con una expansión que se apoyó en la oferta pública gratuita y en los programas virtuales. Para 2027, la atención se concentra en dos frentes. La gratuidad en la matrícula se mantiene con el nuevo Gobierno, aunque cerró 2026 con un faltante que el ministerio aún no había cubierto por completo, y su financiación dependerá de cómo se ejecute el presupuesto aprobado. La Ley 2568, por su parte, está vigente y reglamentada por el Decreto 0931, que rige desde el 1 de agosto, y el presupuesto de 2027 será el primero que deba calcular los aportes a las universidades públicas con el nuevo esquema bajo un gobierno distinto al que la impulsó. Lo que ocurra con ambas, junto con el modelo que adopte el Icetex, definirá cómo se reparte el crecimiento entre instituciones públicas y privadas, en un país donde cada cohorte que llega a la edad universitaria es más pequeña que la anterior.